Los actos cometidos por el ejército y los servicios secretos israelíes en Líbano como en los territorios palestinos ocupados golpean violentamente la conciencia humana universal. Todos sienten el carácter criminal de estos actos, saben que se diferencian de los actos habituales en todo conflicto armado, cometidos tanto por el agresor como el agredido. No es suficiente sentirlo. Los hechos deben identificarse y analizarse en el marco del derecho internacional existente, con la objetividad y el rigor de una indagación, que excluya lo a priori y cuyos resultados no sean indiferente a cualquier persona de buena fe.
La comunidad internacional no es una entidad política y jurídica autónoma, no es más que la suma circunstancial de las posiciones adoptadas por un determinado número de gobiernos, la cual, en múltiples circunstancias, ha sido incapaz de aplicar el derecho existente apartándose de contingencias geopolíticas o ideológicas. La impunidad ha reinado en múltiples crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos desde el final de la segunda Guerra Mundial.
La actitud unilateral de Estados Unidos de América, el doble discurso de numerosos gobiernos europeos y la oposición de la administración americana a aceptar cualquier cuestionamiento contra Israel, por los actos cometidos tanto en Líbano como en los territorios palestinos ocupados, obligan a los defensores del derecho a asumir la ausencia de los poderes políticos.
Alemania, Gran Bretaña, Finlandia y Francia se niegan a apoyar una solicitud dirigida al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU de investigar sobre el uso de armas prohibidas, en el derecho internacional, por parte las fuerzas armadas israelíes. La desinformación sistemática practicada por la inmensa mayoría de los medios de comunicación impide a la opinión pública occidental tener una información equilibrada.
Estos hechos obligan una iniciativa ciudadana. Esta iniciativa tiene que estar a la altura del tribunal iniciado por Bertrand Russel durante la guerra de Vietnam. Debe caracterizarse por el mismo rigor, la misma credibilidad y la misma preocupación de superar las discrepancias, las cuales no tienen lugar cuando se trata del derecho de las personas. Debe reunir expertos altamente cualificados y a personalidades mundialmente reconocidas por su autoridad moral. No debe dejarse encerrar en cenáculos limitados. A tal efecto, me parece necesario salir de los patrones establecidos, en iniciativas similares anteriores, cualquiera haya sido la calidad del trabajo realizado en estas ocasiones.
Tal iniciativa no puede exitosa si hay precipitación, ella reclama la elaboración de un proyecto completo con una agenda precisa, la movilización de recursos humanos y financieros apropiados y un marco moral blindado a toda crítica. Estas exigencias suponen una movilización internacional para apoyar tal iniciativa.
A tal efecto, sugiero rápidamente la constitución de un Comité de preparación que, en un corto plazo, realice todas las tareas necesarias para el lanzamiento de esta iniciativa. Solicito su colaboración activa para la creación de este Comité de preparación.
